Los dolores del encarcelamiento en la cárcel Pueblo de Punta de Rieles.

Resumen

En términos generales la situación penitenciaria uruguaya no difiere
de la realidad latinoamericana detallada en las denuncias de tortura
y malos tratos, sobrepoblación, hacinamiento, muertes violentas,
falta de atención, desnutrición y una serie de severos obstáculos
para la vigencia de derechos humanos elementales (Sozzo, 2007;
Procuración Penitenciaria de la Nación, 2008; Centro de Estudios
Legales y Sociales, 2011; Matthews, 2011; Inter-American
Commission on Human Rights, 2011; Carranza, 2012; Darke, 2013;
Macaulay, 2013; Daroqui et al., 2014; King y Valensia, 2014;
Procuración Penitenciaria de la Nación, 2014; Rodríguez, 2015;
Antillano et al., 2016; Comisión Provincial por la Memoria, 2016;
Woods, 2016; Comisión Provincial por la Memoria, 2017; Weegels,
2017; Vigna y Sosa Barón, 2019).
Sin embargo, existen excepciones, y aquella descripción, aunque
extendida, justificada y dominante, no representa la totalidad de las
experiencias del encierro en la región. Una de esas excepciones es
la de Punta de Rieles, una prisión de mediana seguridad que aloja
a más de 600 varones condenados por hechos que incluyen desde
delitos contra la propiedad hasta homicidios agravados. Su director
es civil, con formación en educación social y la mayoría del
personal penitenciario en contacto con las personas privadas de
libertad son civiles que no están a cargo de cuestiones de seguridad
tradicionales, no utilizan armas y en general, son mujeres. En la
prisión no se utilizan el aislamiento ni ninguna otra restricción a la
libertad ambulatoria como forma de castigo. Las personas allí
alojadas tienen libertad de movimiento dentro del predio y tienen
derecho a utilizar teléfonos celulares e internet.